Denuncias

Comentario sobre el acceso a la sanidad pública de los irregulares

Desde la experiencia de unos cuantos años brindando atención sanitaria a inmigrantes subsaharianos en Madrid, quiero manifestar mi opinión sobre esta nueva normativa así como sobre el tratamiento que se le está dando por parte de ciertos sectores de la prensa de nuestro país. 

En primer lugar, resulta sorprendente que este cambio se justifique con argumentos como “el gasto que genera el turismo sanitario” o el “uso inadecuado de la tarjeta sanitaria europea por parte de ciudadanos de algún país de Europa del Este”. Ambas situaciones no debieron haberse producido y no debieran repetirse si se establecen las oportunas medidas políticas y administrativas al respecto. En cualquier caso, ninguna de estas razones parece que sirva para justificar la limitación al ejercicio de un derecho humano básico como es el acceso a la atención sanitaria. En segundo lugar, me sorprende que desde la portada de algún periódico nacional se use como ejemplo de problema sanitario sin previsible atención en inmigrantes irregulares la enfermedad tuberculosa. En la asociación Karibu, desde hace muchos años usamos los recursos sanitarios que brinda el “Programa de prevención y control de la tuberculosis en la comunidad de Madrid”, que incluye el acceso gratuito a los fármacos pertinentes para el enfermo y sus contactos infectados si los precisan, y que están disponibles para ser usados en cualquier paciente sea ciudadano español o no. No parece un ejemplo adecuado al problema que se está abordando, sino más bien un ejemplo de sensacionalismo periodístico. 

Lo que realmente nos debe preocupar en estos momentos es la transcendencia que la medida va a tener sobre los inmigrantes con problemas crónicos de salud (hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca,…) que precisan un seguimiento por parte de los profesionales sanitarios y que van a verse abocados a un grave riesgo de descompensación y/o agravamiento por falta de acceso a su medicación crónica. También preocupan las posibles complicaciones y riesgos del acceso tardío al sistema sanitario en las enfermedades infecciosas agudas, que con un diagnóstico y tratamiento establecidos precozmente se curarían de forma rápida y con un bajo coste económico. 

Independientemente de razones humanitarias ante el riesgo de generar un perjuicio innecesario para estas personas, no llego a ver claramente que la medida establecida vaya a servir al fin con el que ha sido impuesta: el ahorro económico. A día de hoy, todos los profesionales sanitarios sabemos que la atención que se brinda en el primer nivel asistencial (Atención Primaria/ centros de salud) es muy barata en comparación con el gasto que supone la atención hospitalaria. Sirva como ejemplo que en el caso de la insuficiencia cardiaca, los ingresos hospitalarios suponen el 70% del gasto total generado por esta enfermedad. En un alto porcentaje, los ingresos son motivados por el mal cumplimiento terapéutico (la falta de acceso a la medicación sería una razón para ello). Esto mismo sería extrapolable a otras enfermedades crónicas cardiovasculares o metabólicas. 

En el caso de las enfermedades infecciosas , pasa algo similar: el gasto del tratamiento ambulatorio de una neumonía es insignificante en comparación con lo que puede suponer el ingreso hospitalario de una neumonía complicada por inicio tardío del tratamiento, más elevado aún en los casos que precisan ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Y no entro a valorar la previsible repercusión en la carga asistencial de los servicios de urgencias extrahospitalarios y hospitalarios.

 Me consta que todos los estamentos profesionales que trabajan en la sanidad pública española han hecho y hacen a día de hoy un gran esfuerzo por ser capaces de asumir el reto que supone brindar atención a la población inmigrante. Muchos de ellos lo viven con la ilusión y el orgullo de ser capaces de ofrecer una atención de calidad. Y la nueva normativa va a suponer para unos cuantos un conflicto ético en su quehacer profesional. Ante esta realidad, no se puede evitar preguntarse si la nueva medida se ha tomado realmente basándose en motivos económicos (que no parecen tan evidentes, en base a las razones expuestas) o si se trata más bien de una medida impuesta por el posible efecto político favorable en el clima de malestar y alarma social que vive España en la actualidad. 

Teresa Bernardo Fernández Médico de Familia. 
Médico voluntario en la Asociación Karibu